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La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha denunciado en los tribunales a la empresa AB Azucarera, por incumplir un acuerdo sobre los precios de la remolacha que debe pagar a los agricultores. El pasado 19 de agosto, la UCCL amenazó con demandar a la compañía para que dejara "de robar" cerca de un millón de euros a los cultivadores de remolacha, al no pagar el precio pactado, aunque el 8 de noviembre se retractó de sus acusaciones tras una demanda de la empresa por un supuesto delito de injurias o de calumnias.

Según ha explicado hoy en un comunicado la organización agraria, la primera denuncia por incumplimiento del acuerdo de precios se presentó el pasado 1 de diciembre en un juzgado de Toro (Zamora). En los próximos días, la organización tiene previsto presentar también la denuncia en juzgados de La Bañeza (León) y de Miranda de Ebro (Burgos), donde junto con Toro tiene sus fábricas en Castilla y León esta compañía del grupo británico British Sugar. En concreto, la UCCL acusa a AB Azucarera del "incumplimiento" del acuerdo firmado el 10 de marzo de 2008, que "aseguraba que el precio mínimo por tonelada de remolacha, incluyendo las distintas ayudas regionales y comunitarias, iba a alcanzar los 40 euros". La organización agraria considera de la empresa "no ha cumplido, de forma fragante e intencionada, el citado acuerdo en la campaña 2010-2011, a la vista de las facturas remitidas a los remolacheros, de tal forma que sólo podrían alcanzar esa cifra quienes hayan renunciado a la pulpa". La pulpa es un resto del proceso de molturación de la remolacha en las fábricas azucareras, que según la UCCL "pertenece como derecho histórico a los cultivadores", tal como establecen acuerdos marcos interprofesionales y la normativa europea. Además, la organización agraria ha criticado que la empresa abona a los remolacheros "esos 2 euros", si renuncian a la pulpa, "en remolacha líquida, es decir, en virtud del peso de la raíz que entra en su azucarera, no como establece el acuerdo, que habla de 2,3 euros por remolacha tipo", es decir, una vez tratada para obtener 16 grados de riqueza en azúcar. La UCCL ha culpado a la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, de consentir esta actuación de la empresa, que "contrasta con la forma de pago de la cooperativa ACOR, que ha cumplido de forma escrupulosa lo firmado en el acuerdo". El acuerdo lo suscribieron AB Azucarera, ACOR, que tiene una azucarera en Olmedo (Valladolid), y la Junta de Castilla y León. La organización agraria se retractó en un juzgado de Valladolid de sus acusaciones sobre AB Azucarera, que había demandado a la UCCL por acusar a la empresa de robar a los agricultores, ya que sus responsables podían enfrentarse a una pena de hasta tres años de cárcel o una multa de hasta 100.000 euros.